dimarts, 25 de juny de 2013

Wert, dirección y ley equivocadas

Artículo publicado en el diario El Punt-AVUI el día 21 de junio de 2013

Se ha escrito mucho en las últimas semanas sobre el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o Ley Wert. En este artículo no voy a entrar a valorar uno de los aspectos clave y más comentados, el del ataque al sistema de inmersión lingüística de Cataluña. Intentaré sólo analizar, desde la perspectiva de la política educativa, cuáles son en mi opinión algunos de los errores y de las carencias de la Ley, confrontando el proyecto con las necesidades del sistema educativo y las tendencias de una educación para el siglo XXI.

En primer lugar, una vez más nos alejamos de los países con políticas educativas avanzadas por la obsesión reformista y reglamentista. Desde el advenimiento de la democracia e incluyendo la LOMCE, España ha visto nacer una nueva ley educativa cada cuatro años y medio, una auténtica locura sin precedentes en el mundo occidental. Algunas de las leyes ni han podido ser desplegadas y menos aún evaluados sus resultados e impactos. Contrastamos este hecho, por ejemplo, con Finlandia, donde el sistema educativo se ha transformado mediante un proceso sostenido y coherente que ha durado prácticamente 40 años, con grandes unanimidades sociales y entre la propia comunidad educativa. Por si fuera poco, se trata de una Ley que nace sin consensos, con toda la comunidad educativa y todo el espectro político en contra: una Ley, pues, que seguro tendrá nuevamente un corto recorrido.

En cuanto a la financiación, la Ley también nace coja por no decir totalmente mutilada desde el inicio. La memoria económica del proyecto hace un brindis al sol cuando deja buena parte de la financiación de la reforma en manos de los fondos europeos. Asimismo, los hechos son contundentes: el gasto público en educación fue el año 2010 en España del 5% del PIB (y, atención, en Cataluña del 4.1%) por debajo de la media del 5.4% de los países de la Unión Europea. Desde la llegada del PP al gobierno, se han recortado 5.212 millones de EUR en educación: 487 en diciembre de 2011, 663 menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones raíz del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en educación, y 326 millones menos en los presupuestos de 2013.

Atendiendo a la necesidad de fomentar la autonomía educativa en todos sus estadios para poder adecuarse a necesidades y situaciones muy diversas (tanto respecto a las comunidades autónomas como por ejemplo en la necesaria autonomía de los centros docentes) la propuesta de la LOMCE también conduce a la dirección contraria, aunque en el discurso se pretenda demostrar lo contrario: currículos centralizados para todo el Estado, reválidas y evaluaciones estatales, falta de concreción en la autonomía de los centros. ¿Dónde queda la competencia de la Generalitat en materia educativa? ¿Porque no se quiere respetar la Ley de Educación de Cataluña? Las medidas curriculares tienden a reducir enormemente la autonomía de los centros educativos y del profesorado, una vez más en contra de modelos educativos de éxito donde la autonomía y la capacidad de acción a nivel de centros y de territorios son piezas fundamentales.

Sin duda, la profesionalidad y la competencia de los docentes es un factor clave de éxito de cualquier sistema educativo. En este terreno, la Ley Wert no aporta grandes novedades, más allá de añadir complejidad y trabas a la ya difícil tarea de enseñar. Todo ello sin tener en cuenta que durante el curso 2011-2012 la escuela pública redujo en 2.870 el número de docentes para atender a 116.272 alumnos más.

Finalmente, aspectos claves para la educación del futuro de nuestros niños y jóvenes, tales como la creatividad, la innovación, la flexibilidad o el trabajo cooperativo son prácticamente desterrados de la norma, aunque sí se trata y se propone acertadamente profundizar en la formación dual y en el aprendizaje práctico.

Como decía muy acertadamente hace unos días el ex Consejero de educación y universidades de la Generalitat, Joan Manuel del Pozo, el ministro del conjunto muere a manos del ideólogo compulsivo de una parte. Una serie de razones que merecen la desaprobación radical de la Ley y que no atienden adecuadamente los retos de la educación del presente y del futuro.


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