dimarts, 31 de gener de 2012

Reformar el Estado, generar valor público

Artículo publicado en el diario La Vanguardia el día 26 de enero de 2012

Josep M. Vilalta e Isidre Obregon
Fundadores y vocales de la Associació Catalana de Gestió Pública



La crisis actual ha situado de nuevo en la agenda política cuestiones de fondo sobre el modelo de Estado y de gestión de los asuntos públicos en España: reforma de la Administración, revisión-supresión del Senado, supresión de las diputaciones provinciales, concentración de entes locales, etc.

Las decisiones de contención inmediata están al orden del día: reducir servicios, adelgazar organismos, reducir plantillas, recortar sueldos y condiciones laborales. En cambio, las decisiones de carácter estratégico como las anteriores vuelven a esconderse bajo la profusión y el ruido de las de carácter inmediato. Nuevamente la urgencia política desplaza la importancia de lo estratégico. Además, se está imponiendo una visión estanca: se trata de pasar la crisis y volver a la situación anterior. La situación previa no tiene porque volver, que la crisis es precisamente efecto (aparte de otras razones) de situaciones previas insostenibles y que al mismo tiempo es una oportunidad para cambiarlas. Proponemos recuperar en la agenda los temas estratégicos mencionados y tratarlos adecuadamente, pensando no solo en los efectos inmediatos (ahorro, economía) sino básicamente en un modelo de servicio público que genere valor y que permita dar respuesta ágil y adecuada a las necesidades sociales.

A día de hoy, buena parte de las políticas internacionales, financieras y estructurales se deciden en el ámbito de la Unión Europea, y casi todos los servicios del estado del bienestar se prestan desde las comunidades autónomas. Se estima que cerca del 70% de los trabajadores de la Administración General del Estado realizan funciones poco cualificadas de tipo administrativo, y de acuerdo con la OIT la jornada de un empleado público es en España la más reducida de la Unión Europea. Por todo ello, es necesario repensar el papel del Estado y de su Administración General en la aportación de valor público al conjunto del país. La capacidad de los gobiernos centrales en estados descentralizados o federales no viene dada por el número de ministerios ni de trabajadores públicos, ni correlativamente por el número de competencias, sino por otros valores y funciones: coordinación bien entendida, regulación básica estricta del régimen general, evaluación de políticas, etc. Treinta y tres años después de la promulgación de la Constitución, se impone de una vez por todas repensar la orientación, la organización y el modelo de gestión de los organismos del Estado y llevar a cabo un proceso reforma de las ya viejas estructuras administrativas. No hacerlo va contra la competitividad y la legitimidad ante los ciudadanos.

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