dimarts, 20 de desembre de 2011

¿Quién debe gobernar?

Artículo publicado en el diario El Periódico el día 13 de diciembre

Isidre Obregon y Josep M. Vilalta
Fundadores y vocales de la Associació Catalana de Gestió Pública


Quién debe gobernar los asuntos públicos? Con qué capacidades y habilidades? Con qué legitimidad política y/o técnica? Se trata de un viejo debate que reaparece con fuerza en las últimas semanas.

Los partidos políticos, cada vez más profesionalizados, filtran y normalizan la acción de los poderes públicos. Los gobiernos definen también la agenda política y adquieren compromisos que deben ser gestionados, en primer lugar, por personas que ocupan posiciones políticas y directivas atendiendo a la simple, pero rotunda, legitimidad democrática. Conforme a esta legitimidad, hay quien propone que la evaluación de los resultados de la acción pública de estas personas y equipos se evalúe cada cuatro años (o los que corresponda) en las urnas, sin que la exigencia de responsabilidades vaya mucho más allá.

El ejemplo del procesamiento del primer ministro de Irlanda por la crisis del país cuestiona este principio e introduce una lógica de responsabilización por el ejercicio del cargo entendido desde el punto de vista de creación de valor (público) y de la aplicación de un programa de gobierno y el despliegue consiguiente de las políticas públicas sectoriales. Desde esta perspectiva, los gobernantes son aquellos en quien la ciudadanía confía capacidades, instrumentos y recursos para poder gestionar las políticas públicas y conseguir incrementos de valor. La cuestión es si a los políticos –en nuestro contexto- les son exigibles, además de responsabilidades políticas, responsabilidades por la gestión.

En tiempos de primacía de la economía, esta no es una cuestión banal. En algunos países (Italia, Grecia, incluso en casa nuestra) se habla de la necesidad de “gobiernos técnicos”. Cuando se hace esta afirmación, estamos desmereciendo un sistema de gobierno basado en opciones ideológicas transformadoras? Hemos llegado a la situación en que la ciencia es capaz de proporcionar la solución adecuada a cada problema? Son estas soluciones neutras e imparciales?

En general, la clase política es reticente a esta percepción técnica del poder y por ello cuestiona los gobiernos de tecnócratas. Asimismo la ciudadanía, alarmada por situaciones recientes y por episodios de corrupción clamorosos, puede considerar arriesgado confiar los recursos públicos a otros conciudadanos sin excesivas referencias para, acto seguido, expresar preferencias sobre la cualificación técnica o la experiencia profesional de los políticos. El tema no es baladí: un estudio reciente de Besley, Montalvo y Reynal-Querol concluye que el nivel educativo de los líderes influye positivamente en los resultados de las políticas y particularmente en el crecimiento económico.

La inclinación tecnocrática suele favorecer posicionamientos conocidos, ortodoxos y poco atrevidos. Pero la realidad, siempre tozuda, nos demuestra cada día con más claridad que vivimos en un mundo complejo en que las viejas soluciones no sirven para los nuevos problemas. En esta línea, la desafección creciente entre la ciudadanía es una señal clara del distanciamiento entre las viejas formas de hacer política y las perspectivas y los retos de toda índole que se anticipan, también en el terreno de una mayor participación ciudadana.

Por todo ello, a nuestro entender se vislumbran cuatro prioridades en el entramado político-público catalán y del Estado:

1) Evaluar sistemáticamente las acciones públicas y generar conocimiento valorativo sobre la idoneidad de políticas y programas, tomar decisiones basadas en esta experiencia acumulada pero sin renunciar a explorar formas innovadoras para resolver problemas asumiendo riesgos de forma controlada;

2) Clarificar los roles entre políticos, directivos y empleados públicos. La articulación del sistema democrático y del sistema de gobierno, y la complejidad creciente de los temas públicos, comporta la diferente naturaleza en el origen de la legitimidad de unos y otros. Los políticos, surgidos de un proceso basado en la legitimidad democrática que les faculta para interpretar y procurar el interés general. Los empleados públicos basan su participación en los asuntos públicos en la capacidad y el mérito. La interlocución entre una y otra lógica suscita la incorporación de los directivos públicos profesionales como perfil ineludible, basada en su competencia y capacidad. La Asociación Catalana de Gestión Pública ha analizado en profundidad este último perfil con la finalidad de promover su consolidación en el panorama institucional público catalán;

3) Establecer un sistema de responsabilización de cada uno de los perfiles (políticos, directivos públicos y empleados públicos) atendiendo a sus respectivas capacidades y poderes;

4) Dignificar socialmente la gestión de los asuntos públicos y apostar colectivamente por la profesionalización creciente de las personas, los equipos y los organismos públicos, sea cual sea su posición y su rol.

De todo ello depende en buena parte la realización de los principios de buen gobierno y el desarrollo de políticas públicas más sensibles a las demandas de la sociedad y más efectivas en un momento de cambio y complejidad como el que nos toca vivir.

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